La Fiscalía y la Secretaría de Gobierno acordaron revisar nuevos expedientes, realizar reuniones mensuales con las víctimas y fortalecer las investigaciones ante posibles vínculos con funcionarios, notarios u otras estructuras organizadas.
El Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a intensificar el combate contra el despojo de viviendas y predios, después de una reunión de más de cuatro horas con personas afectadas provenientes de seis alcaldías.
Durante el encuentro, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Gobierno recibieron 61 nuevos casos relacionados con posibles despojos y otros 20 asuntos vinculados con delitos como amenazas, lesiones y fraude procesal.
Las autoridades señalaron que revisarán cada expediente, buscarán la restitución de los inmuebles cuando jurídicamente corresponda e investigarán las posibles redes que participan en la ocupación o apropiación irregular de propiedades.
Fiscalía revisará posible participación de funcionarios
Uno de los principales compromisos consiste en revisar, mediante la Dirección de Asuntos Internos, los casos en los que existan señalamientos contra personas servidoras públicas.
Las víctimas han advertido que algunos despojos no serían cometidos únicamente por ocupantes particulares, sino que podrían involucrar gestores, funcionarios, notarios o personas con conocimiento de procedimientos registrales y judiciales.
La Fiscalía deberá determinar si existen elementos para acreditar esas participaciones. Por ahora, los señalamientos forman parte de investigaciones en curso y no constituyen responsabilidades comprobadas.
Víctimas exigen reestructurar el gabinete
Las personas afectadas solicitaron modificar la integración y funcionamiento del Gabinete de Prevención y Atención al Delito de Despojo.
Entre sus planteamientos se encuentra incorporar formalmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el propósito de mejorar la coordinación entre la investigación penal, la información registral y los operativos de recuperación.
También reclamaron que el gabinete no ha ofrecido resultados suficientes durante su primer año de trabajo y solicitaron acelerar la judicialización de las carpetas acumuladas.
La Secretaría de Gobierno ya cuenta con un mecanismo interinstitucional para atender denuncias, investigar ocupaciones irregulares y acompañar jurídicamente a las personas afectadas. La exigencia ciudadana es que ese modelo actúe con mayor rapidez y capacidad de respuesta.
Autoridades reportan 300 restituciones
La fiscal Bertha Alcalde y el secretario de Gobierno, César Cravioto, informaron que se han registrado alrededor de 300 casos positivos de restitución de inmuebles.
Las víctimas consideraron que la cifra continúa siendo reducida frente al tamaño del problema y a la cantidad de expedientes que permanecen sin una resolución.
Al finalizar la reunión, autoridades y representantes vecinales acordaron instalar mesas de trabajo mensuales para revisar el avance de cada caso y mantener abiertos los canales de comunicación.
El seguimiento periódico será importante para saber cuántos expedientes derivan en restituciones, aseguramientos, órdenes de aprehensión o procesos judiciales y cuántos corresponden a controversias de carácter civil.
Cinco inmuebles fueron asegurados durante operativos
Como parte de las acciones inmediatas, elementos de la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno realizaron cinco operativos en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa.
Las diligencias permitieron asegurar inmuebles vinculados con carpetas que ya presentaban avances relevantes.
En la colonia Guerrero, autoridades colocaron sellos en una propiedad ubicada en la calle Galeana. En Benito Juárez se aseguró un predio de avenida Cuauhtémoc, mientras que en Coyoacán se intervino un inmueble relacionado con una denuncia por un posible despojo con violencia ocurrido en diciembre de 2025.
La Fiscalía aclaró en intervenciones anteriores que el aseguramiento no equivale automáticamente a una restitución definitiva. Se trata de una medida para preservar el inmueble mientras continúan las investigaciones y se determina legalmente quién tiene derecho a la posesión.
Investigan casos de alto impacto
Entre los expedientes presentados se encuentra la ocupación de una vivienda perteneciente al muralista Jorge González Camarena, la cual, según las personas denunciantes, llevaba nueve semanas invadida.
También se solicitó actuar en el caso de un inmueble localizado en la calle Matías Romero, colonia Del Valle. La propiedad permanece asegurada mientras la Fiscalía analiza videos, declaraciones testimoniales y dictámenes periciales para determinar la probable participación de las personas señaladas.
En uno de los casos investigados en Coyoacán, la representación jurídica de la víctima señaló que una línea de investigación apunta a una posible red relacionada con dobles ventas y actuaciones notariales. Corresponderá a la Fiscalía confirmar o descartar esa hipótesis.
Buscan agilizar la devolución de propiedades
Las víctimas también propusieron impulsar modificaciones legales que permitan acelerar la restitución de viviendas y endurecer las sanciones contra quienes participen en despojos.
El desafío consiste en agilizar los procedimientos sin vulnerar el debido proceso ni confundir ocupaciones delictivas con conflictos familiares, sucesorios, arrendatarios o de propiedad que deben resolverse por la vía civil.
Las autoridades capitalinas deberán establecer protocolos que permitan diferenciar cada caso y evitar que las denuncias sean utilizadas para ejecutar desalojos arbitrarios.
El modelo aplicado durante operativos recientes incluye restituciones, aseguramientos, entrega de bienes y medidas para impedir el reingreso irregular a propiedades sujetas a investigación.
De recuperar inmuebles a desarticular estructuras
El compromiso anunciado va más allá de devolver una propiedad. La Fiscalía y la Secretaría de Gobierno deberán determinar si detrás de los casos existen grupos que repiten mecanismos como falsificación de documentos, dobles ventas, sustitución de cerraduras, ocupaciones violentas o utilización irregular de procedimientos administrativos y judiciales.
Las 61 denuncias registradas serán una prueba para el Gabinete contra Despojos y para las mesas de seguimiento acordadas con las víctimas.
La respuesta institucional deberá medirse no solo por el número de reuniones u operativos, sino por las propiedades restituidas, las investigaciones judicializadas, la reparación del daño y la identificación de posibles redes de corrupción.
Con información de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y La Jornada.
