El Gobierno de la Ciudad de México presentó una estrategia para restituir inmuebles en un plazo de hasta 15 días, agilizar la judicialización y ofrecer defensa jurídica a las familias. La mandataria sostuvo que el problema debe atenderse con instituciones, investigaciones y resultados.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a las fuerzas políticas de la Ciudad de México a no utilizar el delito de despojo como instrumento de confrontación partidista y pidió concentrar la discusión en la protección efectiva del patrimonio de las familias.
La mandataria respondió así a los señalamientos realizados por dirigentes del Partido Acción Nacional y sostuvo que la apropiación ilegal de viviendas debe enfrentarse mediante denuncias, investigaciones, restituciones y sanciones, no únicamente desde el discurso político.
Un día después de ese posicionamiento, el Gobierno capitalino presentó un paquete de medidas coordinadas con la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y el Registro Público de la Propiedad.
La estrategia contempla asistencia jurídica especializada, regularización de propiedades, protocolos de reacción inmediata y nuevos plazos para devolver inmuebles a quienes acrediten legalmente su propiedad o posesión.
El despojo debe atenderse como un problema de justicia
Brugada sostuvo que el centro de la discusión deben ser las personas que han perdido una vivienda, un terreno, un local o una propiedad construida durante años de trabajo.
El despojo puede cometerse mediante ocupaciones violentas, sustitución de cerraduras, documentos falsos, simulación de contratos, suplantación de identidad o actos jurídicos diseñados para aparentar una compraventa o cambio de propietario.
En otros casos, las víctimas son personas adultas mayores que heredaron una propiedad, familias con inmuebles intestados o habitantes que no cuentan con sus escrituras actualizadas.
Estas situaciones pueden facilitar que grupos o particulares intenten aprovechar vacíos documentales, procesos sucesorios inconclusos o la ausencia temporal de quienes poseen legítimamente el inmueble.
Por ello, la nueva estrategia combina la reacción policial y ministerial con acciones preventivas para dar certeza jurídica antes de que ocurra el delito.
Restituciones en un plazo de hasta 15 días
Uno de los principales compromisos anunciados es reducir los tiempos de respuesta en los casos donde existan elementos suficientes para acreditar el despojo.
La Fiscalía capitalina establecerá procedimientos con la meta de restituir los inmuebles en un plazo máximo de 15 días y avanzar hacia la judicialización de las investigaciones dentro de los 30 días siguientes.
Los plazos dependerán de las pruebas, la situación jurídica de cada propiedad y las determinaciones de las autoridades competentes. No significan que cualquier disputa de posesión pueda resolverse automáticamente, ya que algunos casos corresponden a conflictos civiles, familiares, sucesorios o de arrendamiento que requieren procedimientos diferentes.
La finalidad es evitar que los expedientes claramente identificados como posibles despojos permanezcan detenidos durante meses mientras las víctimas continúan alejadas de su patrimonio.
Crearán una defensoría especializada
El Gobierno capitalino anunció la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que dependerá de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Este organismo brindará orientación permanente a personas que no cuentan con recursos para contratar representación privada o desconocen qué procedimiento deben iniciar.
También apoyará en la integración de documentos, la canalización de denuncias y la identificación de la vía legal correspondiente.
La defensoría tendrá presencia en las jornadas de atención ciudadana realizadas en el Zócalo capitalino, con el propósito de acercar los servicios jurídicos a la población y evitar que las víctimas recurran a gestores o intermediarios no acreditados.
Regularización y escrituración para prevenir delitos
Otra de las acciones será impulsar un programa público de regularización, escrituración, sucesión y registro notarial.
Una propiedad sin escritura actualizada o con una sucesión pendiente puede quedar expuesta a operaciones fraudulentas, especialmente cuando fallece la persona que aparecía como titular y sus familiares no concluyen el procedimiento de adjudicación.
La estrategia pretende ayudar a las familias a mantener en orden sus documentos y registrar correctamente cualquier cambio de propiedad.
La regularización no sustituirá la obligación de acreditar legalmente los derechos sobre el inmueble, pero podrá reducir la vulnerabilidad de quienes poseen una vivienda heredada, intestada o con antecedentes registrales incompletos.
Protocolo único desde la llamada al 911
Las autoridades también implementarán un protocolo único de atención ante reportes de posibles despojos.
Cuando una persona llame al 911 para denunciar la ocupación irregular de un inmueble, policías y personal de las instituciones involucradas deberán seguir una misma ruta de actuación.
El procedimiento incluirá la verificación inicial de documentos, la identificación de posibles situaciones de flagrancia, la protección del inmueble y la canalización inmediata hacia la Fiscalía.
La coordinación busca evitar respuestas contradictorias entre policías, ministerios públicos, autoridades registrales y áreas de gobierno.
Cuando exista flagrancia y elementos suficientes, las autoridades podrán detener a las personas probablemente responsables. Cuando el conflicto no pueda resolverse en el lugar, deberán preservar evidencias y orientar a la víctima para iniciar la denuncia correspondiente.
Fiscalía y Poder Judicial tendrán unidades especializadas
La estrategia contempla nuevas áreas para investigar y resolver estos delitos.
La Fiscalía desarrollará mecanismos de judicialización rápida y análisis criminal para identificar patrones, documentos utilizados repetidamente, grupos organizados y posibles redes dedicadas a la apropiación de inmuebles.
El Poder Judicial capitalino integrará una unidad especializada con aproximadamente 20 jueces para atender asuntos relacionados con el despojo.
La participación de juzgadores especializados puede ayudar a que los expedientes sean revisados por personal familiarizado con las modalidades utilizadas para falsificar escrituras, simular contratos o alterar antecedentes registrales.
Alerta registral para detectar movimientos sospechosos
El Registro Público de la Propiedad fortalecerá sus mecanismos de prevención mediante una alerta registral institucional.
El sistema permitirá identificar movimientos, solicitudes o modificaciones relacionadas con inmuebles que formen parte de investigaciones o casos atendidos por el Gabinete contra Despojos.
También se creará una Unidad de Inteligencia Registral para revisar antecedentes de propiedad, verificar sentencias y comprobar la autenticidad de escrituras.
El Gobierno capitalino prepara además una reforma para impedir el registro definitivo de documentos procedentes de notarías de otras entidades cuando estas no confirmen su autenticidad.
Estas medidas buscan cerrar espacios a las operaciones realizadas con papeles falsificados, poderes apócrifos o resoluciones judiciales inexistentes.
Servidores públicos también serán investigados
Brugada advirtió que no habrá tolerancia cuando un servidor público participe, facilite o encubra un despojo.
La Contraloría capitalina contará con un equipo especial de control interno, auditoría y honestidad encargado de revisar posibles irregularidades cometidas desde instituciones públicas.
La investigación podrá abarcar el acceso indebido a documentos, la alteración de registros, la filtración de información, la utilización de sellos o sistemas oficiales y cualquier actuación destinada a favorecer una apropiación irregular.
Las responsabilidades deberán acreditarse mediante investigaciones administrativas o penales. La sola denuncia no permite afirmar que una persona servidora pública participó en un delito, pero sí obliga a revisar los hechos de manera transparente.
Congreso endureció las penas
El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal, al Código Civil, a la Ley Registral y a la Ley del Notariado para fortalecer la prevención y sanción del despojo.
El tipo básico contempla penas de seis a 11 años de prisión para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia, engaño, simulación jurídica, suplantación de identidad o documentos falsos.
Las reformas también incorporan agravantes cuando el delito se comete contra personas adultas mayores, con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas.
Además, se consideran modalidades agravadas la intervención de notarías, el uso indebido de sistemas o documentos obtenidos por una relación laboral y la actuación coordinada de tres o más personas.
La estrategia original presentada por Brugada contemplaba sanciones de hasta 22 años cuando concurrieran determinadas agravantes. La aplicación concreta de las penas corresponde a los jueces y depende de los hechos acreditados en cada proceso.
Gabinete ha intervenido en cientos de casos
El Gabinete contra Despojos fue creado para coordinar a la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y otras instituciones.
Entre abril y diciembre de 2025 atendió 4 mil 71 reportes o denuncias. De ese universo se iniciaron 399 expedientes específicos, se realizaron 290 operaciones, se restituyeron 94 predios, se aseguraron otros 10 y se reportaron nueve detenciones.
Las cifras muestran por qué cada reporte debe revisarse individualmente. No toda denuncia inicialmente presentada como despojo cumple con los elementos del delito; algunas corresponden a desacuerdos civiles, arrendamientos, herencias o controversias entre copropietarios.
En la actualización presentada este 5 de agosto, las autoridades señalaron que el gabinete recibió mil 32 casos durante sus 13 meses de operación. De ellos, 388 fueron identificados como posibles despojos y en 317 se desarrollaron restituciones, aseguramientos u otras acciones, lo que representa una atención operativa cercana a 82%.
Julio cerró con nuevas restituciones y aseguramientos
Del 15 al 22 de julio, el Gabinete contra Despojos realizó 22 intervenciones en diferentes puntos de la capital.
Las acciones incluyeron devoluciones, aseguramientos y entregas de bienes en alcaldías como Benito Juárez, Tlalpan, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco y Venustiano Carranza.
En la colonia Narvarte se restituyó la posesión de un inmueble después de verificar un contrato de arrendamiento y las resoluciones judiciales correspondientes.
También se realizaron aseguramientos en casos investigados por posibles ocupaciones irregulares y se entregaron pertenencias a personas que acreditaron su legítima posesión.
Estas actuaciones muestran que la respuesta contra el despojo ya se encontraba en funcionamiento antes del debate político surgido por los casos recientes.
Brugada responde a señalamientos del PAN
Al ser cuestionada sobre las críticas de Acción Nacional, Brugada sostuvo que ese partido no debía politizar el tema y recordó las investigaciones vinculadas con el denominado “cártel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez.
La declaración forma parte de la confrontación política entre el Gobierno capitalino y la oposición.
Los señalamientos contra personas específicas deben distinguirse de una acusación general contra todos los militantes o representantes de un partido. La responsabilidad penal solamente puede establecerse mediante procesos individuales y sentencias.
El punto central de la posición de Brugada es que cualquier denuncia, independientemente de la alcaldía o afiliación de las personas involucradas, debe investigarse bajo las mismas reglas.
El despojo puede afectar a habitantes de cualquier zona de la ciudad y no debe tolerarse cuando sea cometido por particulares, grupos organizados, empresas o servidores públicos.
Recomendaciones para proteger una propiedad
La estrategia incluye una cartilla preventiva para que las familias reduzcan riesgos.
Las autoridades recomiendan mantener actualizados los documentos, escriturar los inmuebles, concluir las sucesiones y activar la alerta inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad.
También es importante formalizar por escrito cualquier renta o préstamo de una vivienda, conservar recibos de agua y electricidad, guardar contratos y no firmar documentos relacionados con una propiedad sin asesoría jurídica.
Ante un intento de ocupación, la recomendación es llamar inmediatamente al 911, conservar fotografías, videos y testimonios, y presentar una denuncia ante la Fiscalía.
No se aconseja enfrentar directamente a grupos que ingresen a una propiedad, debido al riesgo de violencia y a la posibilidad de alterar evidencias.
Atención institucional y no confrontación política
El llamado de Clara Brugada busca colocar la respuesta pública por encima de la disputa entre partidos.
La ciudadanía necesita saber dónde denunciar, cómo comprobar la posesión, cuánto tardará una investigación y qué instituciones responderán cuando alguien intente apropiarse de su patrimonio.
La creación de una defensoría, los plazos de restitución, el protocolo único y las unidades especializadas representan avances que deberán medirse por sus resultados.
También será necesario comprobar que los tiempos anunciados se cumplan, que las víctimas reciban acompañamiento y que las investigaciones alcancen a cualquier persona que participe en redes de despojo.
La posición del Gobierno capitalino es que la vivienda no puede convertirse en un negocio basado en el engaño, la falsificación o el abuso contra quienes se encuentran en una situación vulnerable.
El debate político continuará, pero la efectividad de la estrategia dependerá de algo más concreto: prevenir apropiaciones, devolver inmuebles, sancionar responsables y ofrecer certeza jurídica a las familias de la Ciudad de México.
Con información de La Jornada, el Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia y el Congreso capitalino.
