La detención del exgobernador de Baja California abrió una nueva disputa entre Morena y el PAN. Un senador oficialista anunció que solicitará al INE revisar si dinero relacionado con el presunto contrabando de combustible terminó en el partido opositor.
El proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel comienza a generar consecuencias fuera de los tribunales. Su participación en el consejo de Somos México colocó bajo presión a la organización política, luego de que legisladores de Morena plantearan revisar el origen de los recursos utilizados para su conformación y operación.
Saúl Monreal, senador de Morena, adelantó que propondrá ante la Comisión Permanente solicitar al Instituto Nacional Electoral que investigue si el partido impulsado por Ruffo recibió dinero procedente de la presunta red de huachicol fiscal por la que fue detenido.
Hasta ahora, no se han presentado públicamente pruebas que demuestren transferencias de recursos ilícitos hacia Somos México. La propuesta consiste en abrir una revisión financiera y no representa una acusación acreditada ni una resolución de la autoridad electoral.
Morena busca llevar el caso al terreno electoral
El planteamiento surge después de que la Fiscalía General de la República acusara a Ruffo y a otras personas de participar presuntamente en una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos y la evasión de impuestos.
La investigación ministerial señala que la red habría declarado cantidades menores de combustible en los cruces aduanales. En algunos casos, se reportaban alrededor de 10 mil litros por ferrotanque, aunque las unidades podían transportar hasta 110 mil litros.
La FGR identificó 4 mil 238 operaciones presuntamente irregulares y movimientos financieros mediante decenas de cuentas bancarias. El daño total calculado por la acusación supera los 4 mil millones de pesos.
Una investigación periodística de El País estimó que las empresas relacionadas con el esquema movieron más de 800 millones de litros de gasolina y diésel durante 15 meses, con un posible perjuicio fiscal de al menos 5 mil 400 millones de pesos. Ruffo ha rechazado conocer o participar en operaciones ilegales.
Somos México queda bajo presión
Ruffo forma parte del consejo de Somos México, organización que busca presentarse como una alternativa frente a Morena y los partidos tradicionales.
Su cercanía con el proyecto político ha provocado que el oficialismo cuestione si los recursos investigados pudieron utilizarse para financiar actividades partidistas.
Sin embargo, para establecer una responsabilidad sería necesario rastrear transferencias, aportaciones, contratos o movimientos bancarios que conectaran directamente a las empresas investigadas con el partido.
El INE tiene facultades para fiscalizar los ingresos y gastos de las organizaciones políticas, revisar aportaciones privadas e imponer sanciones cuando detecta recursos de procedencia prohibida. Por el momento, no existe un pronunciamiento público del instituto que confirme la apertura de una investigación específica contra Somos México.
Morena y PAN convierten el proceso en una batalla política
La detención también intensificó el enfrentamiento entre Morena y Acción Nacional.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que el caso destruye la imagen histórica de Ruffo como símbolo de la alternancia democrática de 1989. El legislador sostuvo que el movimiento de grandes cantidades de combustible mediante documentos presuntamente falsos no puede explicarse como una simple negligencia empresarial.
Desde el PAN, Kenia López Rabadán calificó al exgobernador como un “preso político” y pidió investigar la posible participación de funcionarios públicos, al considerar que una operación de esa magnitud habría necesitado la colaboración o tolerancia de distintas instituciones.
Felipe Calderón también acusó al Gobierno federal de utilizar la justicia contra sus adversarios. Morena respondió recordando que el expresidente había cuestionado públicamente a Ruffo desde 2017 y lo acusó de modificar su postura por conveniencia política.
El caso todavía debe resolverse en tribunales
Ruffo enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La prisión preventiva impuesta en su contra es una medida cautelar y no equivale a una sentencia condenatoria.
La Fiscalía deberá demostrar su participación en los hechos y la defensa podrá presentar pruebas para deslindarlo de las operaciones investigadas.
La posible revisión a Somos México tendría que desarrollarse por una vía distinta. Mientras la FGR investiga delitos relacionados con combustibles y movimientos financieros, el INE tendría que determinar si existieron aportaciones ilegales o irregularidades en la fiscalización del partido.
Por ahora, la conexión entre el huachicol fiscal y Somos México permanece como una sospecha planteada por legisladores de Morena, no como un hecho probado.
El caso podría convertirse en una de las primeras pruebas de credibilidad para el partido: deberá explicar con transparencia sus fuentes de financiamiento y aclarar cuál ha sido la participación de Ruffo dentro de su estructura.
Con información de La Jornada, El País e Infobae.
