La presidenta rechazó que los lineamientos pretendan decidir qué pueden informar periodistas y comunicadores. El proyecto propone códigos de ética, defensorías y mecanismos de queja, mientras las posibles sanciones todavía están sujetas a consulta pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias tengan como propósito censurar a periodistas, conductores o comunicadores de radio y televisión.
La mandataria sostuvo que el proyecto busca garantizar el derecho de la población a recibir información veraz, distinguir claramente entre noticias y opiniones, identificar la publicidad y solicitar una réplica cuando se difundan datos falsos o inexactos.
“No es estar multando”, afirmó Sheinbaum al explicar que el primer nivel de atención recaerá en las propias defensorías de las audiencias designadas por los medios. Para la presidenta, el modelo privilegia la autorregulación y no la vigilancia previa de los contenidos.
Los lineamientos todavía no son definitivos
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierto el proyecto a consulta pública desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto de 2026.
Durante ese periodo pueden presentar observaciones las audiencias, empresas concesionarias, universidades, organizaciones civiles, especialistas, radios comunitarias y cualquier persona interesada.
La CRT deberá analizar las aportaciones recibidas, determinar cuáles incorpora y posteriormente someter una versión final de los lineamientos a la aprobación de su pleno. Por ello, el contenido publicado actualmente no representa todavía la regulación definitiva.
Sheinbaum destacó que la consulta permite que participen tanto las grandes empresas de comunicación como los medios comunitarios y la ciudadanía, con el objetivo de construir reglas claras para ejercer derechos que ya se encuentran reconocidos en la legislación.
¿A qué medios se aplicarían?
Los lineamientos están dirigidos a las concesionarias de radio y televisión abierta, los servicios de televisión y audio restringidos, así como a las empresas programadoras de uso comercial, público y social.
Por ahora, la propuesta no incluye a periódicos, revistas, portales informativos, redes sociales ni plataformas digitales, debido a que esos espacios no se encuentran dentro del mismo ámbito regulatorio de la CRT. Sheinbaum señaló que una eventual ampliación tendría que discutirse posteriormente.
Esto significa que los lineamientos no facultarían a la autoridad para revisar previamente una nota, aprobar un comentario periodístico o impedir la transmisión de una entrevista.
Su aplicación comenzaría después de que una persona considere vulnerado alguno de sus derechos como audiencia y presente una inconformidad mediante los canales establecidos.
Noticias y opiniones deberán distinguirse
Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la obligación de diferenciar la información noticiosa de las opiniones personales.
Los medios podrían utilizar menciones verbales, mensajes en pantalla, cortinillas, identificadores o plecas para informar a las audiencias cuándo un contenido corresponde a una noticia y cuándo representa una interpretación, comentario o postura editorial.
La propuesta también exige distinguir la publicidad de los contenidos informativos o de entretenimiento, con el propósito de evitar que una promoción comercial sea presentada como información periodística independiente.
Entre los derechos contemplados se encuentran recibir información veraz y oportuna, no presentar acontecimientos históricos como si fueran actuales, contar con mecanismos de réplica y disponer de medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.
Cada medio deberá contar con una defensoría
Las concesionarias tendrían que elaborar un código de ética y nombrar al menos a una persona defensora de las audiencias.
Esta figura deberá actuar con independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, además de atender las quejas de radioescuchas y televidentes.
En el caso de medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, se plantea que la persona defensora pertenezca a la comunidad correspondiente, con el fin de respetar sus características culturales, organizativas y lingüísticas.
La defensoría no funcionaría como una autoridad gubernamental dentro del medio. Sería designada por la propia concesionaria, aunque tendría la responsabilidad de analizar las inconformidades y emitir recomendaciones cuando detecte una vulneración.
Así funcionaría el proceso de queja
La audiencia tendría que presentar primero su inconformidad ante la defensoría correspondiente.
Después, la persona defensora solicitaría información al medio, analizaría el caso y determinaría si existió una afectación. El proyecto contempla un plazo de hasta 20 días para emitir una respuesta o recomendación.
Cuando el medio atienda la recomendación y restituya el derecho afectado, el procedimiento concluiría en esa etapa.
La CRT intervendría cuando el concesionario ignore las recomendaciones o cuando la persona afectada considere que la respuesta no reparó adecuadamente la vulneración.
El Gobierno federal sostiene que este orden evita que la autoridad se convierta en una supervisora cotidiana de los contenidos y coloca a las defensorías como el primer mecanismo de solución.
Multas económicas permanecen bajo discusión
El anteproyecto contempla que la Comisión Reguladora pueda imponer sanciones cuando un medio no atienda el procedimiento o mantenga prácticas contrarias a los derechos de las audiencias.
Sin embargo, la consulta deberá definir con mayor precisión el alcance del mecanismo, su aplicación y las observaciones de concesionarios, especialistas y ciudadanos.
Las multas no serían automáticas por expresar una opinión crítica, cuestionar al Gobierno o adoptar una línea editorial determinada. De acuerdo con la explicación oficial, se aplicarían después de una queja, una revisión de la defensoría, una recomendación desatendida y la intervención posterior del regulador conforme a la ley.
Este punto concentra una parte importante de la controversia, pues organizaciones y representantes políticos han pedido garantizar que las sanciones no puedan utilizarse de manera discrecional contra programas o medios incómodos para el poder.
Oposición pide evitar cualquier mecanismo de censura
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció la importancia de proteger a las audiencias, pero advirtió que los lineamientos no deben convertirse en una herramienta para limitar la libertad de expresión.
La legisladora pidió aprovechar la consulta para aclarar si las reglas serán aplicables a las conferencias gubernamentales cuando sean retransmitidas por medios públicos de radio y televisión.
También sostuvo que la defensa de las audiencias y la libertad editorial son derechos compatibles, por lo que ninguno debe utilizarse como argumento para vulnerar al otro.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la posición de Sheinbaum y afirmó que proteger a las audiencias no equivale a otorgar al Gobierno el poder de decidir qué es publicable.
No obstante, reconoció que las sanciones deben revisarse cuidadosamente y señaló que los lineamientos aún no han concluido su proceso de elaboración.
Sheinbaum reivindica el derecho a información veraz
La presidenta argumentó que el derecho a la información veraz pertenece a la ciudadanía y no al Gobierno.
Desde su perspectiva, los lineamientos buscan que las personas tengan herramientas para inconformarse cuando un contenido confunda deliberadamente información con opinión, presente publicidad como noticia o difunda datos falsos que afecten su imagen.
El antecedente regulatorio establece que las reglas deben respetar la libertad de expresión, la libertad programática y la libertad editorial de los concesionarios, además de evitar cualquier forma de censura previa.
El desafío será traducir estos principios en disposiciones suficientemente claras para proteger a las audiencias sin abrir espacios a interpretaciones subjetivas o intervenciones indebidas.
La consulta definirá el equilibrio final
La discusión no se limita a decidir si los medios deben responder ante sus audiencias. También deberá establecer quién determina que una información es falsa, qué pruebas serán necesarias, hasta dónde llegará la responsabilidad de las defensorías y en qué circunstancias podrá intervenir la CRT.
Las aportaciones recibidas hasta el 21 de agosto serán fundamentales para precisar estos elementos antes de que el pleno del organismo regulador apruebe la versión definitiva.
Sheinbaum sostiene que el proyecto no pretende silenciar a periodistas ni controlar las líneas editoriales. Sus críticos, en cambio, consideran indispensable colocar límites expresos para impedir que las sanciones sean utilizadas como mecanismos de presión.
El resultado de la consulta deberá resolver esa tensión: garantizar que las personas puedan exigir respeto a sus derechos sin convertir al regulador en un árbitro de las opiniones, las críticas o el debate público.
Con información de la Presidencia de México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Cámara de Diputados.
